Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Escuela de Estudios Generales
E.A.P. TOXICOLOGÍA
Joseph Elmer Huaroc Huaroc LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
“Mi gobierno ha decidido llevar a cabo, como parte de su política de desarrollo social y lucha contra la pobreza, una estrategia integral de planificación familiar. Para que de esta forma, las mujeres dispongan con toda autonomía y libertad sobre su propia vida.”
Alberto Fujimori
Conferencia mundial de la ONU sobre la mujer. China. 1995
INTRODUCCIÓN
En 1991, En 1991, el entonces presidente Alberto Fujimori declaró el Año de la Austeridad y la Planificación Familiar, lo cual suponía que las políticas del gobierno en ese año estarían encaminadas a lograr las metas planteadas por dicha denominación. Entre 1991 y 1995 se aprobó el Programa Nacional de Población, cuya meta era reducir la tasa de crecimiento al 2.0% y la Tasa Global de Fecundidad a 3.3 hijos por mujer en promedio. El Programa de Planificación Familiar aplicó y distribuyó varios métodos anticonceptivos. Posteriormente, entre 1992 y 1995 se llevó a cabo el Programa Nacional de Atención a la Salud Reproductiva de la Familia, el cual buscaba contribuir a lograr una tasa de crecimiento poblacional que permitirá al país llegar a los niveles de desarrollo a los cuales aspiraba, por medio de la disminución de la fertilidad en armonía con la libre decisión de la población sobre el tamaño de su familia y el intervalo entre cada hijo.
Asimismo, el gobierno de Alberto Fujimori implementó un marco normativo, al perecer, tendiente a facilitar las metas trazadas por sus planes de “planificación familiar”. Es así que, en 1992 se aprobó la Resolución Ministerial N° 0738-92-SA, por la cual se legalizó la esterilización como método anticonceptivo. Luego, en 1995, se modificó la Ley Nacional de Población1 excluyendo así solo al aborto de la lista de mecanismos anticonceptivos permitidos legalmente.
Adicionalmente, en 1996, a través de la Resolución Ministerial N° 071-96 SA/DM, se aprobó el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (1996-2000) cuya principal finalidad fue masificar el uso de métodos de planificación familiar, entre los cuales se encontraba la anticoncepción quirúrgica. Este programa se planteó lograr que el 100% de las pacientes que fueran atendidas institucionalmente en el parto o aborto, salgan de dicha atención habiendo iniciado algún método de anticoncepción. La promoción, implementación y realización de las políticas y metas relacionadas con dicho programa estuvieron a cargo del Ministerio de Salud, directamente. Es en virtud de este programa que miles de mujeres peruanas – sobre todo indígenas, de zonas de mucha pobreza y residentes de áreas rurales, periféricas urbanas, andinas y amazónicas del Perú - fueron sometidas a procedimientos quirúrgicos de esterilización sin mediar su consentimiento válido previo.
Según las investigaciones realizadas hasta la fecha, el número al que ascenderían los procedimientos de esterilización forzada sería de 314 605 mujeres. De este gran número, serían varias las mujeres que habrían encontrado la muerte, debido a la mala praxis de dichos procedimientos quirúrgicos no consentidos.
DESARROLLO
Según un informe realizado por una comisión parlamentaria independiente en el año 2002, entre 1995 y el 2001 en total fueron esterilizadas alrededor de 370 000 personas, de las cuales 346 219 fueron mujeres y 24 535 varones; todo esto bajo el Programa Nacional de Planificación Familiar del gobierno de Alberto Fujimori. El Comité Latinoamericano y del Caribe de los Derechos de la Mujer (Cladem) concluyó que sólo el 10% de las mujeres que fueron esterilizadas en aquel periodo dieron su “consentimiento genuino”.
Este genocidio se llevó a cabo con la excusa de reducir los niveles demográficos en el Perú, puesto que en las zonas marginales y rurales es común que se tenga entre 8 y 10 hijos.
Es lamentable esta atrocidad en medida que los pobladores de esas zonas tan alejadas muy pocas veces son escuchados, y peor si se trataba de la década de los 90. Donde eran considerados un obstáculo para el “avance” del gobierno peruano. Este ensayo no solo es motivo de rememoración, puesto que se puede considerar una noticia porque recién aparecen los informes completos y poco se ha hecho para resolverlos.
“Según UNICEF, la tasa de fecundidad que en 1990 era de 3.7 hijos por mujer en edad fértil, ya se había reducido para el año 2000 a 2,7 en promedio” mencionaba un entusiasta y sonriente en su spot televisivo oficialista Alberto Kenya Fujimori Fujimori
Sin duda pasar por sobre el derecho fundamental que es la vida es un grave atentado, este genocidio ha perjudicado la tasa natural de crecimiento poblacional. En todo el mundo la vida es considerada un derecho de primera generación, es inalienable. Nadie puede quitar e derecho a la vida. Pero lo que hizo el ex mandatario ha medida de dictadura ya fue un extremo. Es así que por la fuerza de poder que tenía en ese entonces el ex presidente es responsable de las esterilizaciones forzadas que como detallo líneas arriba fue dada a varones (vasectomía) y a mujeres (ligadura de trompas).
Siguiendo con la misma línea, en la Campaña presidencial de Keiko Fujimori para el 2015, ella menciona: “Las investigaciones que hubo en diferentes gobiernos señalan responsabilidades personales en los médicos que no respetaron los protocolos. Yo condeno la actitud de esos médicos irresponsables.”
Si bien es cierto, la hija defendiendo al padre, sacando cara por él. Pero, ¿Quién defiende a los miles de pobladores de zonas alejadas que muchas veces aunque protesten, aunque reclamen, estas voces no llegan a la Capital? Con muchas movilizaciones, toma de carreteras, u otras medidas que son medidas de fuerza se puede llegar a reclamar justicia. Esta realidad nacional sucedió en el Perú, es motivo de reflexión y es momento de asumir responsabilidades. No solo se trata de simples pobladores abandonados. ¡No! Ellos pertenecen al Perú y aportan con la agricultura, aportan con la ganadería, y últimamente exportan y todavía se les perjudica contaminando sus lagunas con la minería. Hay muchos problemas que por creerse superiores a ellos, que por vivir en la Capital vulneramos sus derechos. Recordemos que ellos nos dan de comer, pues, muchos alimentos provienen de esas zonas que son altamente propias para la agricultura.
Si no somos conscientes y no reflexionamos sobre lo que pasó en el Perú en los 90, entonces somos cómplices y aún tenemos un pensamiento discriminatorio atentando contra los derechos humanos universales. Es por eso que detallaré algunos testimonios para ser un poco más conscientes de este genocidio.
Cabe considerar que en las zonas rurales y marginales a las que llegó el Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar mayormente los pobladores hablan el quechua como idioma nativo, y “aprovechándose” de esas circunstancias, de que un poblador no pueda defender sus derechos porque no entendía el español, se le impone contra su voluntad la esterilización.
En el distrito de Mollipata a tres horas de la ciudad de Cusco Demetria Molina Huilca, luchadora social y miembro de la Asociacio de las Mujeres Afectadas por la Esterilización Forzada, AMAEF adjunta el testimonio de Teodora Guzmán Velazquez (quechua hablante):
“Me obligaron con fuerza asistir a la posta de Salud. Era la política del presidente Fujimori. Me inyectaron y me he adormecido. Cuando desperté estaba en la casa de mi hermana y comencé a caminar de vuelta a mi casa. Mi esposo había ido a trabajar a la chacra en la mañana cuando la ambulancia vendría a recogerme. Mi marido no firmó nada porque no sabía nada de lo que iba a pasar. Todo se cambió a raíz de la esterilización que me hicieron.”
La huella psicológica que presenta este testimonio es impactante, pues no solo afecta a la víctima directa, sino también a sus familiares y su entorno. Es una marca irreversible que no te deja avanzar en tu vida. Y sobre todo si te imponen, jamás vas a poder tener un hijo o hija.
Otro testimonio es el de Alvaro Mario Champin del distrito de Huancarani, Cuzco a 4000 metros sobre el nivel del mar. Él fue sometido a la vasectomía.
“Comenzaron a citame cuando tenía 28 años en 1995. Y en 1997, cuando fui a la posta de Salud para registrar a mi niño recién nacido, me dieron un ultimátum, esterilizarme o no me darían el certificado de nacimiento de mi hijo. Me vi obligado a acceder por mi hijo. Fue un chantaje. Ya no vivo desde el 2001 con mi esposa. Mi esposa quería tener dos hijos más y por eso me abandonó. Tuve una relación pero ella me abandonó por no poder darle los niños que quería. Exijo justicia y que la verdad detrás de este crimen no quedará impune, inclusivamente para nosotros varones. Porque si no fuera por “El Chino” Fujimori, todavía habría vivido con mi mujer. ”
Lamentablemente que esta esterilización no distinguió edades, ni sexo. Este caso es impactante por la forma en la condicionaron al campesino, prácticamente lo obligaron con la partida de nacimiento de su hijo que acababa de nacer. Un padre de familia que tenía apenas 30 años tuvo que tomar esta obligatoria medida para que su hijo tenga una identidad. Sin duda esta esterilización ha destruido familia, dejando una huella psicológica imborrable en el pensamiento de las personas que menos tienen. Han sido vulneradas de la manera más vil.
En el caso de Demetria Molina Huilca tesorera de AMAEF, originaria del distrito de Huaro en Cusco.
“Fue el 22 de septiembre de 1997 cuando entró Demetria a la posta y le dio un shock: Yo vi la fila de las mujeres cambiadas (de ropa), amarradas de pie y manos en las camillas o en el suelo. Quería salir pero me ordenaban: “¡Cámbiate, Cámbiate, ya te va a tocar tu turno”! me han dicho. Pero ¿qué cosa me van a hacer? “Las señoras están muertas”, pensaba yo, viéndolas acostadas, ¿“así me van a hacer a mí también, matarme? Prefiero yo irme, sino me voy a escapar”, decía yo pero no me han dejado ir. Al contrario a la regla, o por falta de conocimiento, Demetria había desayunado en la mañana por lo cual la anestesia no había tenido un efecto suficientemente rápido. El médico le decía que contara hasta 20 y ahí se durmió. Cuando despertaba le dolía terriblemente. “¿Qué cosa me han hecho?”, pensó. La ambulancia me dejó donde la carretera termina, a media hora de a pie desde mi casa. De ahí caminé, recién operada, hasta llegar a mi casa.”
No hay forma en la que la ética médica pueda estar de parte de estos profesionales de La Salud actuaron. En éste caso también se presenta la destrucción de familia. Indudablemente, tenemos que reflexionar sobre las medidas que se hicieron presente para obligar a que se sometan a la esterilización.
Dentro de los métodos usados por el Ministerio de Salud
Investigaciones y testimonios recogidos por organizaciones como Amnistía Internacional y Cladem, por el Congreso peruano y medios de comunicación, enumeran los métodos de hostigamiento, amenaza o chantaje empleados por personal de salud de aquel entonces para practicar ligaduras en mujeres peruanas.
Algunos de ellos fueron:
Chantaje a madres que recién dieran a luz con no inscribir a sus hijos en registro civil.
Amenazas con realizar abortos a las mujeres embarazadas que no acepten ser esterilizadas.
Presión psicológica con argumentos sobre la irresponsabilidad o inestabilidad económica de los maridos, para que las mujeres opten por la anticoncepción quirúrgica.
Visitas casa por casa de enfermeras que amenazaban con volver “con la Policía” si las mujeres no aceptaban acudir al centro de salud.
Festivales y campañas destinadas a convencer a las mujeres de que el mejor método de anticoncepción es la ligadura de trompas en lugar de otras formas de planificación familiar no definitivas.
Recorridos de ambulancias casa por casa para recoger a mujeres.
Pago de “incentivos” económicos a los maridos para que firmen una autorización para que la mujer sea sometida a una esterilización “voluntaria”.
Ofrecimiento de alimentos y medicinas como mecanismo de captación de mujeres de escasos recursos o con necesidades urgentes.
Uso de la fuerza física para llevar a las mujeres a los centros de salud.
Reportes periodísticos de la época y el informe congresal de 2002 concluyó que en ese periodo se establecieron “metas numéricas” e incentivos para la práctica de esterilizaciones desde altos niveles del Estado peruano.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
I. Lucia M. Alvites Sosa (2015), Esterilizaciones forzadas en el Perú. El tiempo de las mujeres y su memoria, UNMSM, Tesis de Magister de género y Estudios Culturales de la universidad de Chile.
II. Ainhoa Molina Serra (Abril 2017), Esterilizaciones (forzadas) en Perú: Poder y configuraciones narrativas, Universidad autónoma de Barcelona (España), Revista de Antropología Iberoamericana, volumen 12, pp. 31-52
III. Alejandra Ballón Gutiérrez (Marzo 2013), El caso peruano de esterilización forzada, Centro de Recursos y cultura.
IV. Yvana Lucía Curich (2014), El archivamiento del caso “Esterilizaciones forzadas”: Una mirada desde el Derecho Penal, Asistencia Principal del Proyecto Anticorrupción del IDEHPUCP
V. Boris Miranda (9 noviembre 2015), Esterilizaciones forzadas en el Perú, BBC Mundo.
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